Silencio en Caracas ante la detención de 59 colombianos

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Silencio en Caracas ante la detención de 59 colombianos

Parte del grupo de los 59 connacionales detenidos en un galpón de la Policía de Caracas, Venezuela. Cortesía

 Gobierno asegura a través del Consulado que ha emitido 24 notas diplomáticas pidiendo explicación de la situación de los connacionales.

Luego de que EL HERALDO diera a conocer la situación en la que se encuentran desde hace más de un año 59 colombianos (entre ellos 54 costeños) en un centro de reclusión en Caracas, Venezuela, aún se desconocen las razones de por qué se encuentran detenidos.

Mientras el gobierno del presidente Nicolás Maduro se ha mantenido en completo silencio, el del presidente Santos tampoco ha mostrado, al menos públicamente, interés en dar a conocer a fondo la situación.

Entre tanto, EL HERALDO tuvo acceso al último comunicado del Consulado colombiano en Caracas, emitido el 5 de octubre, donde se le solicita al director general del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería venezolano (Saime), Juan Carlos Dugarte, que “dé a conocer la situación migratoria y la posible fecha en la que se decidirá la expulsión de los connacionales detenidos”.

El documento, firmado por Juan Norberto Colorado Correa, cónsul de Colombia en Caracas, resalta que “el despacho del Defensor del Pueblo venezolano, Tarek William Saab, manifestó oficialmente que los ciudadanos recluidos en el comando de la Policía están a la orden del Saime (Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería)”.

Ante esta situación, Germán Castañeda, encargado de Negocios de Colombia en Venezuela, explicó esta semana a este diario que “si la detención se da por estar indocumentados en Venezuela, lo que debe ocurrir es que el Gobierno venezolano realice una deportación de este grupo”.

El caso

El 1o. de septiembre de 2016 el presidente Maduro anunció, durante su participación en una concentración oficialista, los resultados de un operativo policial adelantado en la capital venezolana contra “un campamento de paramilitares colombianos”.

“Hemos estado con la Operación de Liberación del Pueblo, OLP, capturando mercenarios. En la zona norte de Caracas, barrio El Manicomio, capturamos un campamento de paramilitares colombianos con 92 personas, a 500 metros del Palacio de Miraflores”, detalló el mandatario venezolano.

A la fecha están en prisión solo 59 colombianos de los 92 capturados. Los mismos detenidos afirman que el resto “se ha fugado, otros tres han fallecido y como a cinco les han dado medida humanitaria de salida”.

El consulado colombiano en Caracas, por su parte, indica que dentro de los detenidos se encuentran 10 colombianos que por orden del gobierno venezolano “debían ser expulsados luego de haber cumplido sentencia y haber pagado su pena”.

“Esto es político”

Andrés Barreto González, abogado y miembro fundador de la Academia Colombiana de Derecho Internacional, deduce que el silencio del Gobierno de Venezuela a las 24 notas consulares emitidas por el consulado en Caracas responde a un juego político y no jurídico debido a la reciente acusación que Colombia le hizo a Venezuela de ser una dictadura.

La tensión política, explica el experto, también se evidencia en hechos como el cierre de la frontera en 2015. “Todo esto produjo que se rompieran los canales diplomáticos y políticos entre ambos Estados”.

Es por ello que la situación de los 59 detenidos sin haber de por medio una orden judicial, salvo la acusación de Maduro, evidencia aún más la “ruptura de esos canales”. Barreto detalla que la diplomacia tiene unos lineamientos para este tipo de casos que van desde notas consulares hasta notas de protesta.

Ante el agotamiento de la asistencia consular, el jurista señala que “la Cancillería colombiana debería elevar una nota de protesta contra Venezuela como medida diplomática y política, aunque esta no surtiría ningún efecto práctico”.

“Colombia tiene la posibilidad de elevar el tema ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Comité de Naciones Unidas de Derechos Humanos, del cual Venezuela hace parte, algo que es absurdo porque ese país tiene un récord internacional en detenciones abusivas sin órdenes judiciales, pero es la instancia a la cual se puede acudir”, apunta Barreto.

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