La crisis venezolana y las medidas diplomáticas de choque

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La crisis venezolana y las medidas diplomáticas de choque

14 de septiembre del 2017

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Andrés Barreto González

Miembro fundador de la Academia Colombiana de Derecho Internacional.

Director de la Práctica Internacional Moncada Abogados

a.barreto@moncadaabogados.com.co

Lo que sucede en Venezuela puede ser un escenario que servirá como caso de estudio en los años venideros, sobre cómo un país con capacidad industrial, institucionalidad, petróleo, inmigración y poder económico se vino abajo y quedó convertido en un Estado fallido a manos de “una banda de ladrones”, como han sido calificados los miembros y gobernantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

La situación en el vecino país no nos puede ser indiferente, no solo el riesgo real e inminente del “spillover” nos debería hacer reaccionar, sino el hecho de que desde la década de los setenta hasta casi el año 2000, la emigración colombiana hacia ese país nos hace corresponsables de su situación.

Venezuela fue por mucho tiempo la excusa de nuestras exportaciones, y digo excusa porque exportarle al vecino caro no es exportar, fue el santuario de las personas que huían de Colombia por el narcotráfico, el terrorismo, la falta de empleo, las crisis económicas, en fin, la ausencia de oportunidades.

Todos aquellos que le debemos algo a ese país sentimos más su tragedia, todos aquellos que disfrutamos de esa Venezuela boyante, industrializada, cultural, gastronómica, turística y, a veces, hasta opulenta, jamás imaginamos que un día veríamos a nuestros vecinos saltando la cerca para refugiarse en un país en donde nunca floreció la inversión extranjera, no se podía hacer turismo, no había autopistas, puertos, petroquímicas, y que siempre fue cerrado y parroquial.

Venezuela hoy transita una peligrosa senda hacia la guerra civil. La violencia política y criminal desborda a la ciudad capital, Caracas es una de las ciudades más violentas del mundo, a más de esto, en lo que va corrido de las protestas al menos 130 personas han muerto y 3.500 han sido heridas. La institucionalidad democrática ha sido usurpada y remplazada por un poder judicial persecutor y desequilibrado, un tribunal electoral con funciones judiciales y hasta penales, una asamblea constituyente ilegítima y que legisla de manera paralela a la asamblea nacional democráticamente elegida.

Hoy, hay 430 presos políticos, magistrados perseguidos que se ven obligados a refugiarse y asilarse, diputados en el exilio, exfiscales huyendo y una mordaza feroz de censura en contra de los medios locales e internacionales.

Venezuela repite los horrores padecidos por otros, una fuerza paramilitar desplegada de 130.000 efectivos acecha las calles y ciudades, efectivos de diferentes nacionalidades incluidos cubanos e iraníes nutren los aparatos de seguridad, abuelos y discapacitados son armados, y unas opacas disidencias de las Fuerzas Militares ocasionalmente hacen escaramuzas sin lograr consolidar un liderazgo efectivo.

La respuesta internacional a la crisis ha sido tibia. Solo algunos gobiernos de América Latina han condenado el régimen de Maduro, en el seno de las organizaciones internacionales se ha debatido y denunciado el tema sin decisiones de fondo, tal es el caso de la OEA y Unasur, siendo tal vez Mercosur -una organización de integración económica-, la única que ha implementado la expulsión efectiva de Venezuela. A su turno, Perú y Argentina han sido los únicos que han optado por romper relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro, y otros tratan de ejercer presiones paradiplomáticas.

Aunque varios de los gobiernos de la región han apelado a la resolución pacífica de la situación, pocas herramientas y compromisos se han logrado. A pesar del llamado de varios Estados americanos y del secretario general de la OEA para concertar un calendario electoral y convocar a elecciones que permitan una transición, el régimen alega una soberanía exacerbada, y acusa a los funcionarios internacionales y a los diplomáticos de otros Estados de golpistas y enemigos.

En uno de sus últimos delirantes episodios Maduro acusó a México, Colombia y EE UU de conspirar para derrocarlo, se hizo eco del ALBA para recabar apoyos, y continuó con su agenda bipolar de retar a Trump en el micrófono y rogarle en el teléfono.

El papel de las Naciones Unidas ha sido igual de ineficaz, tras su repetitivo discurso de la necesidad de una solución interna a la crisis, la verdad es que la organización está más interesada en los conflictos internacionales, las situaciones en oriente próximo y África, así como en el proceso de paz colombiano que la repotenció ante el ostracismo que padecía.

El régimen venezolano ha logrado incluso desprestigiar a la Iglesia Católica (que no la Santa Sede) como actora internacional, burlándose en más de una ocasión de su papel mediador. Sin embargo, hay que enfatizar que los Estados americanos -y más los latinoamericanos- saben solucionar sus problemas de manera concertada, y pueden ayudar a facilitar la transición o la solución definitiva de una crisis que no puede perpetuarse.

Hay otra variable en toda esta crisis, y es la situación jurídica de Maduro, Cabello, Padrino, El Aissami y otros oficiales gubernamentales relacionados con el narcotráfico, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Estos no tienen una salida fácil, y seguramente preferirán quemar las naves antes de rendir cuentas ante la justicia de un tercer Estado, o ante la justicia internacional.

Nicolás Maduro y muchos de sus cómplices tienen un difícil escenario, pues es evidente la comisión de crímenes de derecho internacional durante su gobierno. En ese sentido, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha recibido información de diferentes fuentes presentado tal situación, con miras a la apertura de una investigación formal que ojalá derive en un caso. El pasado mes de julio tuve ocasión de asesorar y acompañar la presentación formal de un documento ante esa organización internacional, denunciando la situación en Venezuela y los crímenes internacionales de varios de los miembros del gobierno venezolano y de sus Fuerzas Armadas.

Idéntica medida tomó el congreso chileno, y se prepara otra en el congreso peruano, brasileño y la secretaría general de la OEA.

Esperemos que lo que la diplomacia internacional no pudo, sí lo logre la justicia internacional en su momento, por ahora extendamos todo nuestro apoyo a los miles de refugiados venezolanos, a sus diputados y magistrados en el exilio, y seamos generosos con un pueblo que siempre nos tendió la mano y nos permitió un mejor futuro.

Llegó la hora de retribuir y demostrar que los colombianos somos mejores de lo que se piensa, no caigamos en las provocaciones de la violación de la soberanía y la diplomacia de micrófono, estamos por encima de ello y somos pueblos, naciones y Estados más allá de nuestros gobiernos de turno.

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