TRAGICOMEDIA JURÍDICA DE UN ACUERDO DE PAZ

Primero: que no se podía renegociar el Acuerdo. En un país con una constitución que es un Frankenstein jurídico lleno de reformas, se convirtió en “pétreo” un Acuerdo alcanzado por dos partes que se abrogaron el derecho a decidir el destino de una Nación, más allá del formalismo y santanderismo característico del constitucionalismo formalista colombiano.

Segundo: que lo pactado cumplía estándares internacionales. No se necesita ir a la génesis de del derecho internacional público para darse cuenta de cómo el Acuerdo vulneraba la teoría del derecho internacional, las fuentes, el derecho de los tratados, el derecho internacional penal, el DIH, y las sub especialidades en las que quiso ser innovador con otra colcha de retazos: la justicia transicional.

Tercero: se evidenció que la conexidad de los delitos dejaba Numeros apertus y reconfiguraban no solo la tipicidad, sino que daban al traste la conexidad, la responsabilidad, los bienes jurídicos tutelados, el deber de reparación, la sanción efectiva, la eventual resocialización, inter alía.

Cuarto: en ese pléyade de argucias jurídicas se crea una Jurisdicción Especial para la Paz amplia, atemporal, con competencia formal, material y temporal difusa, de supra tribunal de cierre, revisión, apertura, casación, y – peor aun – socavando la soberanía judicial y la identidad jurídica nacional, con jueces extranjeros elegidos por terceros (que no habían sido consultados para tal designación), en un marco jurídico mixto y peligroso por la ausencia de delimitación que debe existir entre lo internacional, lo interno, y las cuestiones que permean los tribunales más allá de lo estrictamente jurídico, en especial acordados en un instrumento político que podía ser presa de todas las pasiones y arbitrariedades. (Sin mencionar que su costo estimado era imposible fiscalmente…).

Quinto: siendo la cereza del pastel, y sin tener que ir a discusiones jurídicas muy elaboradas, el mecanismo definido para la refrendación fue la del plebiscito, en algo sobre lo que ya mucho se dijo que era un referendo, y, perdida en las urnas la posibilidad jurídica de refrendar el Acuerdo, ahora se recurre nuevamente al formalismo jurídico criollo desempolvando las facultades presidenciales, la capacidad legislativa, el mandato popular, y la eventual revisión por la jurisdicción constitucional.

Estas fueron las cinco etapas del fracaso, el utilizar argucias jurídicas y atropellos políticos para lograr alcanzar un acuerdo político que se quiso disfrazar de instrumento intencional, y ni siquiera logó nacer a la vida jurídica en el derecho doméstico.

Por si fuera poco, y en tratándose de un acuerdo político que debería ser refrendado popularmente, ahora se busca desconocer el poder constituyente que reside en el pueblo soberano y se busca, por vía de la derivación, resucitar OTRO Frankenstein jurídico para que, verbigracia otra trapisonda jurídica denomina “fast track”, el Congreso (¡de Colombia señores!), se pueda ocupar del tema en un paquete legislativo de urgencia. (Sin mencionar que sería el mismo gobierno que erro en todo el que reglamentaría y desarrollaría tal marco jurídico).

Ahora bien, lo que era “el mejor acuerdo posible” no era tal, además sí se podía renegociar y mejorar, ese instrumento que era una “innovación jurídica internacional” tampoco lo era, y una expresión de la reconciliación nacional por vía de un proyecto nacional de paz nació muerto por la impericia política y la absurdez jurídica del binomio ejecutivo – legislativo.

Esperemos pues que la renegociación entre los del SI y el NO, confiando en que en realidad sean los representantes de todas las fuerzas vivas de la democracia y de todos los sectores y actores aparezcan con algo, ese “algo” que tendrá nuevamente que ser llevado a la “contraparte” (FARC) y, para terminar esta tragicomedia jurídica, deberá ser objeto de alguna refrendación.

Si el Presidente opta por desconocer la voluntad popular (de nuevo) y acude al Congreso en su legalismo tropical, generará por enésima vez en su mandato, otra crisis política y de gobernabilidad peor de la que ya vivimos.

Ciudadanos: ustedes son los dueños de la democracia, vigilemos, auditemos, revisemos y reclamemos, la democracia no es el gobierno de turno ni el dilema entre el SI y el NO, es nuestro derecho, nuestra conquista, pero también nuestra responsabilidad.
El “conejo” no lo hacemos nosotros mismos ante la apatía, sectarismo, desinformación y el dejarnos conducir por los mismos de siempre…

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