FISCALÍA GENERAL ¿DE LA NACIÓN?

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(Imagen tomada de Blu Radio)

Andrés Barreto González

@andresbarretog

En los últimos días el mundo político y noticioso (más que el judicial), se ha volcado en torno al tema de nominación y elección en el proceso que define el nombre del futuro Fiscal General de la Nación.

Antes de ahondar en ese apasionante maridaje de Fiscal y General, lo que más aterra es el apellido de “La Nación” que se le impuso al título.

Una Nación es un conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común (RAE). Esta acertada definición nos permite deconstruir el cargo para encontrar en su génesis lingüística todas las claves acerca del estrepitoso fracaso de tan rimbombante combinación.

Primero que todo, el Fiscal General de la Nación colombiana creado por la Constitución Política de 1991 es un funcionario híbrido que encarna un pésimo matrimonio entre el derecho continental (romano germánico) y el Common Law anglosajón.

Sus facultades jurisdiccionales criollas lo ubican en la rama judicial de poder público, aunque en otras latitudes su rol lo cumple un procurador, pero cuyo ancestro constitucional en la carta estadounidense le da la entidad de ser el secretario de justicia, y por ende, ser un funcionario de nivel ejecutivo.

Hasta acá ya todo un revoltillo el origen de tan peculiar creación constitucional. Pero si algo nos ha enseñado la filosofía popular y el sentido común es que toda situación mala es susceptible de empeorar, en Colombia tan crucial designación se ha convertido en un nombramiento político, disfrazado en un procedimiento meritocrático, con tintes constitucionales, finalidades judiciales, pero que realmente reposa en la bendición presidencial.

En primer lugar, la discusión de fondo no debería ser a quién representa un Fiscal, pues este no debe representar más que a la justicia, sin embargo, en esta esquizofrenia romano germánica lo ubicamos en la rama judicial, por lo que se debe al y solo al derecho.

En segundo término, su propia responsabilidad jurídica, fiscal, penal y disciplinaria quedó en el peor de los limbos jurídicos. Existe pero no tiene juez conocido, ello como subproducto de otro bastardismo constitucional encarnado en una desastrosa y atípica reforma de equilibrio de poderes con súper, mega, catre, tetra tribunales de aforados, comisiones especiales, y otra sarta de nombres rimbombantes sin institucionalidad o finalidad conocida.

Finalmente, la Fiscalía General de la Nación con su robusto presupuesto, su “inmunidad judicial”, y su perversa capacidad de policía política se ha convertido en un apéndice del régimen para perseguir y amedrentar, más que para investigar y salvaguardar el Imperio de la Ley.

Hemos llegado al absurdo de pensar que el Fiscal debe representar partidos políticos, debe hacer eco del poder ejecutivo, o debe ceñirse al plan (fracasado) de un gobierno en desahucio, como lo ha sido el fallido plan del Proceso Habanero de Impunidad o ese incomprensible “pos acuerdo”.

Siendo este el panorama del “todo mal” como dice una muy aguda compañera de trabajo, el dilema de fondo debe ser más bien sincerar el debate y definir las cosas por su nombre:

  1. El Fiscal General de la Nación NO nos representa como Nación, y perdió su sentido y significado.
  2. El Fiscal General de la Nación NO hace parte de la rama judicial, y su ubicación constitucional en dicho poder público no es más que una ficción jurídica y un gracioso giro idiomático.
  3. El Fiscal General de la Nación DEBE contar con respaldo político, es ternado por el presidente y elegido por la Corte Suprema de Justicia, es decir, acá el péndulo lo lanza el ejecutivo y el poder judicial es un cátcher en ese jueguito funcional.
  4. El Fiscal General de la Nación toma decisiones políticas y tiene la capacidad de hacerlas jurídicas, perverso panorama, como los doctores Montealegre y Perdomo bien se encargaron de ilustrarle a la “Nación” durante su nefasto paso por el ente acusador.

Así las cosas, bienvenido el debate acerca de si más bien el Fiscal General de la Nación debería ser el mismo Ministro de Justicia y del Derecho, ello por lo menos sinceraría su agenda política, lo ubicaría en el poder ejecutivo, lo haría sujeto del control político, y lo sometería a la responsabilidad judicial, penal, disciplinaria y fiscal, y nos aclararía el panorama en un país tan robusto en cargos e instituciones, pero tan pobre en derechos y resultados.

El espectáculo grotesco de elaborar una lista de elegibles para ternar a los sospechosos de siempre – incluyendo a una mujer por la imbecilidad esa de la “equidad de género” -, demostró lo único realmente autóctono en este proceso, que en Colombia las ternas son de tigres y burros, y su conformación es milimétricamente política, no judicial, ni jurídica, ni nacional…

Para dar otra prueba del desubique jurídico e institucional en el que estamos, la terna del Fiscal sacó a la mal llamada ministra de la presidencia, toda una novelilla institucional y política que demostró lo inicialmente planteado, el Fiscal General de la Nación es lo más alejado a un funcionario público de la rama judicial, cuyas investigaciones e instrucciones judiciales son políticas, y que no representa a ninguna Nación, está al servicio del poder político, es nominado por el presidente, y es inmune, lo que ya es suficiente para concluir que, o la Fiscalía se transforma o está destinada a desaparecer.

 

 

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